Santo Domingo.-La presidenta de
“Es responsabilidad del Estado establecer mecanismos
tendentes a proscribir la corrupción, a través de la configuración en su
sistema legal de un tipo penal sobre enriquecimiento ilícito, que pueda
aplicarse en forma independiente para la persecución y sanción del incremento
patrimonial desproporcionado, y que posibilite la recuperación de los bienes
que hayan sido distraídos de la administración”, dijo.
Marte de Barrios en un discurso en la apertura del taller
para periodistas, significó que la
Ley 311-14, tiene por objeto instituir el Sistema Nacional
Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio;
establecer las instituciones responsables de su aplicación y jerarquizar su
autoridad.
Sostuvo que “el correcto desempeño de los funcionarios
públicos y la transparencia en sus actuaciones solamente pueden ser
garantizados a través de disposiciones legales eficientes, provistas de
un sistema sancionador que comprometa la responsabilidad de quienes ejercen la
función pública, y que a su vez garantice la ejecución de las sanciones, lo
cual asegurará la efectividad y cumplimiento de la norma, promoviendo la buena
gestión pública”.
Afirmó que los funcionarios públicos están obligados dentro
de los 30 días siguientes a su toma de posesión, a hacer una declaración jurada
de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal.
“Cuando un funcionario público es objeto de una
investigación sobre su patrimonio, la autoridad competente podrá requerir
la actualización de su declaración jurada de bienes”,
enfatizó.
Marte de Barrios dijo que es obligación de los titulares de
los poderes públicos u órganos responsables de la designación o elección de los
funcionarios públicos, informar a la
Cámara de Cuentas del cese en sus funciones de los empleados
públicos.
