La dictadura dominicana quedó sin verdad. Nunca se investigaron a fondo sus crímenes ni se establecieron responsabilidades. En lugar de trazar una línea moral que separara la memoria del olvido, el país rehabilitó a verdugos y cómplices con una facilidad que todavía sorprende. Esa indulgencia, muy lejos de inocua, fertilizó la impunidad que hoy se cosecha a diario.
Para entender el presente y pronosticar el futuro, preciso
es estudiar el pasado. El resultado salta a la vista. Salvo las excepciones de
rigor, muchas o pocas, basta repasar la matrícula del Senado y la Cámara de
Diputados para entender por qué la corrupción se ha vuelto parte del paisaje.
No hace falta un doctorado en ciencias sociales, solo abrir
los ojos. Condenados por corrupción han accedido al Congreso como si nada;
riferos se disfrazan de empresarios honorables; narcos se camuflan de
legisladores. La casa que debería ser guía de la nación se ha transformado en
vitrina del descrédito.
El Poder Legislativo es, en teoría, el espacio donde se
forjan las normas que organizan la vida en común. Debería inspirar respeto y
buena ciudadanía. Pero lo que exhibe es la coartada moral de quienes deberían
estar rindiendo cuentas, no levantando la mano para aprobar leyes. Donde
tendría que imponerse la sanción social florece la complicidad. Donde debería
nacer la sanción punitiva, reina el acomodo.
La democracia se degrada de muchas maneras. No solo con
golpes de Estado, también con el goteo lento de la desvergüenza. Un Congreso
con farsantes -pero de bolsillos largos- convierte la representación en
caricatura.
Esos congresistas bajo sospecha que hablan en nombre del
pueblo es la mejor prueba de que una máscara política no esconde virtud
republicana. Lo que detiene es el hedor persistente de la corrupción.
