Con esta palabra: “yo pienso
que el dueño del edificio de Indotel tiene que tener un pacto con el Diablo”.
Y siguió diciendo: “porque
él tiene veinticuatro años con cien mil dólares de alquiler más los parqueos
cosa que no se ha hecho durante mi gestión, eso tiene veinticuatro años,
calculen ese monto”.
Y casi llorando de forma dramática exclamó: “con eso se hubiese comprado un edificio hace mucho
rato”
Gómez
Mazara ha demostrado su valentía al denunciar el alquiler del local de INDOTEL,
lo que ha generado un debate en la opinión pública.
Al poner este tema sobre la mesa, está cuestionando decisiones
administrativas y la transparencia de las instituciones del gobierno, algo
clave en un contexto donde se espera que los recursos públicos se gestionen con
responsabilidad, moralidad y ética.
Su denuncia podría tener implicaciones significativas, ya que
pone en evidencia una posible mala práctica en el uso de fondos públicos.
Esto también invita a un análisis más profundo sobre cómo se
están llevando a cabo las contrataciones y gestiones en el ámbito estatal.
Medidas
Para corregir la mala práctica señalada por Guido Gómez Mazara
respecto al alquiler del local de INDOTEL y otras posibles irregularidades, se
podrían tomar varias medidas:
1)- Transparencia y rendición de cuentas: Es fundamental que el
proceso de alquiler y otras contrataciones públicas se haga de forma
transparente.
Esto incluye la publicación de los contratos, las condiciones y
la justificación del gasto.
La ciudadanía y las instituciones de control deben tener acceso
a esta información.
2)- Auditorías independientes: Se deben realizar auditorías
independientes y exhaustivas sobre los contratos de alquiler y otros gastos de
las instituciones públicas, para detectar cualquier irregularidad o mala
práctica.
Las auditorías pueden ser solicitadas tanto por la Contraloría
General de la República como por entidades externas.
3)- Revisión de los contratos: Los contratos de alquiler y otros
acuerdos deben ser revisados para garantizar que se ajusten a las necesidades
reales de la institución y no a intereses particulares.
También se debe verificar que las condiciones del alquiler sean
razonables y justas en comparación con el mercado.
4)- Las leyes contra la corrupción: Se deben poner en práctica y
sancionar las irregularidades de cualquier funcionario sin importar grado de
compromiso políticos, financieros o consanguíneo. Debe ser esclarecedor el buen
uso de los recursos públicos.
Además, se debe garantizar que haya consecuencias claras para
quienes incurran en prácticas irregulares.
5)- La Sociedad Civil, y en especial Participación Ciudadana y
los medios electrónicos de información y comunicación deben ser más activos y
no voltear la cara conforme el funcionario para la denuncia y dar seguimiento
de casos de fraude y mala práctica.
Esto va a contribuir a la presión pública para corregir las
irregularidades.
6)- Capacitación en gestión pública: Los funcio
narios públicos
deben ser capacitados sobre cómo gestionar los recursos de manera eficiente y
ética. Máxime cuando se habla de la calidad del gasto.
Además, deben comprender la importancia de la integridad y la
transparencia en su trabajo.
7)- Revisión y fortalecimiento de las instituciones de control:
Las instituciones encargadas de supervisar el uso de los recursos públicos, como
la Cámara de Cuentas, deben tener autonomía, de verdad, y los recursos
necesarios para cumplir con su misión.
Implementar estas medidas puede contribuir a evitar que se
repitan situaciones de mala práctica y a mejorar la eficiencia y transparencia
en el uso de los recursos públicos.
Lo que el Dr Guido Gómez Mazara ha denunciado obliga al
Ministerio Público a investigar exhaustivamente ese y otros contratos que ojalá
no tengan también un pacto con el Diablo que nos recuerde la famosa novela
“Fausto”, porque al final el Diablo aparece el día menos pensado y se lo lleva.
