
Ya las autoridades han depurado a poco más de 12,000
reclusos, casi el 50% de la población carcelaria, un proceso en el que se les
identifica alrededor de su nombre, familiares ascendentes y descendientes,
huellas digitales y datos faciales.
La disposición garantiza el derecho al sufragio a los reclusos
que no tienen una sentencia definitiva. La depuración concluyó en La Victoria , el centro
penitenciario con más reclusos y hacinamiento, y por igual en otras 17 de las
36 cárceles del país.
“El voto penitenciario no es tema de consulta, es tema de
garantía del ejercicio de derecho. Lo que se consultará es la forma de
implementación”, explicó Roberto Rosario, presidente de la JCE.
Roberto Rosario, presidente de la JCE , y Francisco Domínguez
Brito, firmaron el acuerdo que garantiza el derecho al sufragio de los
internos. Los primeros puntos del acuerdo son iguales de trascendentes, y son
los que permiten el voto penitenciario a quienes no tienen una sentencia
definitiva.
Las instituciones cruzarán sus bases de datos: la Procuraduría podrá
identificar por equipos y tecnologías de la JCE a cualquier persona que se le acuse de algún
delito, con lo que eliminará la práctica tradicional de los acusados a negarse,
o mentir, sobre sus generales. 85 equipos de lectura biométrica serán prestados
al ministerio público para tales fines: 50 para el Nuevo Modelo Penitenciario y
otros 35 para las Procuradurías Fiscales.
El acuerdo se completa con el acceso de la JCE a todas las sentencias
definitivas del Poder Judicial y así podrá proceder ante la conculcación de
derechos civiles y políticos de un ciudadano.
“Por primera vez se podrá individualizar de forma correcta a
un implicado. Hay una tradición en el sistema de que el imputado normalmente
dice que no tiene cédula, cambia de nombre. Puedes tener a una persona condenada
por asesinato que esté en libertad por alguna fianza, o prófugo, y esa persona
es apresada en el algún punto y dice que se llama de otra manera”, explicó el
Procurador.
Rosario valoró el acuerdo porque, a partir de la firma, la JCE podrá emitir documentos de
identidad sin calidad para el sufragio en las siguientes elecciones nacionales,
e incluso impedir que personas puedan casarse por tener conculcados sus
derechos civiles y políticos.
Sufragio penitenciario
El voto penitenciario no se implementó en el proceso
electoral pasado ante la imposibilidad de identificar a los presos en función
de las sentencias del Poder Judicial y por la negativa de los partidos, según
indicó ayer Rosario, quien precisó que las discusiones incluirían los lugares
donde se pueden hacer las votaciones.