El tribunal, presidido por los jueces Mercedes María Reyes Jerez, Anabel Rodríguez y Ranciel Castillo Jorge, fundamentó su decisión en la corrupción institucional cometida por los militares implicados.
Los jueces calificaron sus acciones como "una afrenta inaceptable" a su uniforme y "al deber sagrado de resguardar la frontera".
El tribunal tomó la decisión, tras acoger un pedimento del Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), quien aportó las pruebas que sustentaron estas condenas.
Militares condenados a 15 años
Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno fueron sentenciados a 15 años de prisión.
Se les encontró culpables de utilizar su investidura militar para facilitar y permitir el paso irregular de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano por la frontera norte, entre Dajabón y Montecristi.
Civiles condenados a 10 años
Eddy Rafael Cordero Villanueva (Nelson) y Osiris Rafael Estévez Fortuna, identificados como organizadores y colaboradores clave de la red criminal, recibieron condenas de 10 años de prisión por su rol protagónico en el cruce ilegal de migrantes.
También fue condenada a 10 años de prisión Edna Josep, de nacionalidad haitiana, por alojar y ocultar a los migrantes en el país, confirmándose su participación activa y consciente en la red delictiva.
Transportistas sentenciados a 5 años
Los transportistas Santo Valerio Contreras (Santico), Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Hilario Antonio Gómez Paúl, Jesús María Cerda, Elbio José Castillo Martínez (Soco), Aquilino Sosa Fernández, Expedito Rodríguez (Bobole) y Anelsy Escarlex Cordero Núñez, vinculados a la logística de movilización de los migrantes, fueron condenados a cinco años de prisión.
Ante esto, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, explicó que la falta de arrepentimiento y el alto grado de participación de los condenados influyeron en la decisión judicial.
Bejarán Álvarez destacó que este fallo es "histórico" y representa "un paso firme en la defensa de la soberanía nacional y la integridad institucional de la República Dominicana", estableciendo un precedente trascendental en el combate contra las redes criminales en las zonas fronterizas.
Este caso fue el resultado de una rigurosa labor de inteligencia e investigación coordinada por la PETT, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Montecristi.
El Ministerio Público contó con el apoyo de la División Especial de Crímenes Transnacionales (Deidet), el Departamento de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, y la colaboración del Ejército y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).
