Explicó que en esa sesión preliminar cada parte expondrá su punto de vista en torno al supuesto maltrato que reciben los haitianos en República Dominicana, basándose en denuncias que estaban previstas para conocerse en noviembre del 2012.
Advirtió que no "coge " presión de nadie y dijo que el presidente Danilo Medina debe tomar el tiempo que considere necesario para enviar al Congreso el proyecto de ley de Naturalización de Extranjeros.
Taveras, agregó que el mandatario debe buscar las opiniones y el consenso que entienda necesario para llevar lo que más convenga al interés nacional.
"No hay porque apresurarse y mucho menos aceptar presión de nadie"', dijo el director de Migración al periodista Napoleón de la Cruz en el programa Lo que paso en 7 días, que se transmite los domingos por Telefuturo, canal 23.
La demanda fue presentada por el director del Centro Bonó, sacerdote Mario Serrano, que representa el Servicio Jesuita para Migrantes; Solidaridad Fronteriza, padre Regino Martínez; director del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos.
También, Siriana Dolis, directora ejecutiva del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (Mudha); Marselba Goncalvaes Margerin, y Juan Enrique Telemín, coordinador de la Asociación para la Cooperación y Desarrollo.
Caso Medina Ferreira
En octubre de 2013 la CIDH celebró en México una primera audiencia contra la República Dominicana, basándose en una acusación hecha en esa oportunidad por un inmigrante haitiano que dijo llamarse William Medina Ferreras, de 47 años.
Medina declaró ante el organismo que vivía en el fronterizo municipio Oviedo, en la provincia Pedernales, y que a su casa llegaron a su casa militares y una supuesta funcionaria de Migración y lo detuvieron, acusándolo de "haitiano". Dijo que, pese a ser dominicano, junto con su familia, fue repatriado a Haití, donde tuvo que mendigar para sobrevivir.
Posteriormente, sin embargo, la Junta Central Electoral demostró públicamente que los padres y hermanos citados por Medina Ferreras ante la CIDH no eran tales. Por tal motivo meses después lo sometió a la Justicia y exigió una reparación de daños y perjuicios, provisionalmente evaluada en un monto total de RD$1 millón, así como la aplicación de las sanciones penales correspondientes.
