Santo Domingo.- La
Conferencia del
Episcopado Dominicano (CED) consideró “urgente” el adecentamiento del ejercicio
político en el país y pidió al Congreso Nacional que apruebe cuando antes la Ley de Partidos y Agrupaciones
Políticas, para que se deje de lado el clientelismo y se oriente esta actividad
hacia su objetivo fundamental de búsqueda del bien común, el desarrollo
integral y la construcción de la paz social.
En
su tradicional mensaje con motivo del 27 de Febrero, día de la Independencia Nacional,
este año con el título “El valor de la vida política”, los obispos lamentan la
falta de un proyecto de nación consensuado por todos los partidos y las fuerzas
vivas de la nación, que priorice aquellos elementos que contribuyan mejor al
progreso y el bienestar social.
Dicen
que hay que retomar el diálogo nacional, sistematizar la educación cívica y
política en las escuelas y universidades, y que se separen realmente las
funciones de los poderes del Estado.
Tras
hacer un recuento histórico del quehacer político, desde los tiempos de Platón
hasta hoy, los prelados afirman que promover el bien común y el interés general
está por encima del interés particular (individualismo), y que en ese sentido
todos deben hacer un esfuerzo por vivir y colaborar con el orden, el trabajo y
el ahorro.
“Los
jóvenes que inviertan tiempo en su formación y los padres que no escatimen
esfuerzo por dotar a sus hijos de la mejor herencia, que es su capacitación
moral y profesional”, aconsejan.
Exhortaron
a los fieles católicos y a “los hombres y mujeres de buena voluntad” a formarse
y a participar activamente en la vida política, en la vida cívica y
comunitaria, de manera honesta y transparente.
“Hacerse
presente en toda la dinámica social hasta que a cada ciudadano se le dote de
educación, salud, energía eléctrica, agua potable, vía de comunicación,
vivienda digna, fuente de trabajo y seguridad ciudadana”, expresa el documento.
Los
obispos entienden que los que dirigen el país, a través de la actividad
política, tienen la obligación de combatir cualquier acto de corrupción,
delincuencia e inseguridad, trabajar junto al país para cambiar la cultura
permisiva y del espectáculo, por una cultura de vida con sentido ético, donde
cada quien se responsabilice de su vocación o profesión.
“Comenzando
con los padres de familia, los maestros y maestras, los funcionarios públicos
que, basados en la fraternidad, deben servir al bien común y manejar con ética
y pulcritud los bienes públicos en procura del desarrollo y la paz social”.
