Los procesados aceptaron haber participado en la falsificación de actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir y permisos para porte de armas, documentos que eran comercializados tanto a dominicanos como a extranjeros.
Como parte del acuerdo, el tribunal dispuso la suspensión parcial de las penas, tomando en cuenta el tiempo que los imputados permanecieron en prisión preventiva, e impuso reglas de conducta, entre ellas residir en el domicilio declarado, notificar cualquier cambio de dirección y abstenerse de realizar actividades ilícitas. El incumplimiento implicaría el cumplimiento total de la pena en prisión.
En el mismo proceso, el tribunal ordenó el envío a juicio de otros cinco imputados: Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya.
La investigación, encabezada por la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santiago y el Ministerio Público adscrito a la Junta Central Electoral (JCE), reveló que la red operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago, poniendo en grave riesgo la seguridad jurídica del país.
El expediente, sustentado con más de 800 pruebas, detalla cómo los implicados reutilizaban papel de seguridad original para borrar datos auténticos e imprimir información falsa, generando documentos con apariencia legítima.
