Juan Alberto Perdomo y Manuel Francisco Pichardo fueron condenados tras ser
declarados culpables de haber asesinado al ganadero Eduardo Generoso Pérez y a
su pareja Maribel del Carmen Acosta.
Según consta en el expediente acusatorio, los dos hombres aprovecharon su
condición de ser trabajadores de confianza del hoy occiso para sustraer y
vender para su beneficio personal decenas de reses pertenecientes a la víctima.
Detalla que luego de que el ganadero descubriera la desaparición del ganado y
los enfrentara, los procesados planificaron y ejecutaron su asesinato y el de
su pareja.
Indica que Perdomo y Pichardo golpearon a las víctimas con palos y una
llave de hierro para tuberías (Stillson), procediendo luego a quemar sus
cuerpos dentro de la finca y después simularon su desaparición.
El expediente también señala que luego de matar a la pareja, los dos
procesados sustrajeron los teléfonos del occiso y enviaban mensajes a sus familiares
para hacer creer que ambos estaban con vida, y continuaron vendiendo el ganado
robado, suplantando la identidad de Pérez.
La investigación fue realizada por los fiscales José Armando Tejada, quien
falleció en el transcurso del proceso; Julio César Gómez Quintana, Patricia
Lagombra, y el procurador general de corte Miguel Antonio Ramos, de la
Dirección de Desaparecidos.
La fiscal litigante Ana Mariela Hernández demostró la culpabilidad de los
imputados más allá de toda duda razonable con la presentación de distintas
pruebas, incluyendo los restos óseos incinerados de ambas víctimas y los
objetos utilizados para cometer el crimen, así como teléfonos celulares,
prendas de vestir con manchas de sangre y un DVR dañado para eliminar pruebas.
El Ministerio Público calificó el hecho de violación a los artículos 365,
266, 295, 296, 297, 302, 379 y 386-3 del Código Penal dominicano, los cuales
tipifican y sancionan la asociación de malhechores, el asesinato y el robo
asalariado.
El Tribunal Colegiado de Puerto Plata, integrado por Jakayra Veras, Benecia
Rojas y Yenny Martínez, ordenó que ambos cumplan la pena de 30 años de prisión
en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, y dispuso además
el pago de una indemnización a los familiares de las víctimas
