Por: M.A. Deofrandy Ventura.- La República Dominicana enfrenta actualmente uno de los desafíos más complejos de su historia reciente: el manejo del fenómeno migratorio. La alta presencia de extranjeros en situación irregular, especialmente de nacionalidad haitiana, ha generado debates intensos en la opinión pública y ha puesto a prueba la capacidad del Estado para aplicar y hacer respetar sus leyes migratorias.
El actual gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha adoptado una serie de medidas con el propósito de enfrentar esta realidad. Entre ellas, destaca la construcción de un muro fronterizo inteligente, el reforzamiento de la vigilancia militar en la frontera con Haití, y la implementación de operativos de repatriación más frecuentes. Además, se ha expresado la firme intención de sancionar a quienes contraten o alojen personas en condición migratoria irregular, entendiendo que sin esta responsabilidad compartida, el problema persistirá.
Mientras no se apliquen sanciones firmes a aquellos ciudadanos o empresas que alberguen o contraten inmigrantes ilegales, el problema no encontrará solución duradera. La permisividad, motivada muchas veces por beneficios económicos a corto plazo, mina la autoridad del Estado y envía un mensaje confuso respecto al cumplimiento de las leyes.
Junto al aspecto legal, es necesario reconocer también la dimensión humana del problema. Muchos migrantes llegan escapando de condiciones extremas, y aunque su ingreso sea ilegal, no se les puede negar un trato digno. Esto implica que las medidas deben ser firmes, pero también respetuosas de los derechos humanos y en coordinación con organismos internacionales.
En
conclusión, el tema migratorio en la República Dominicana requiere equilibrio
entre soberanía y humanidad, entre ley y compasión. La solución no puede ser
improvisada ni unilateral. Requiere una política coherente, vigilancia
constante y, sobre todo, un compromiso colectivo de todos los sectores de la
sociedad.
