Cada uno de estos poderes debe operar de manera independiente y con la capacidad de controlarse mutuamente, un concepto conocido como “checks and balances”.
El poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente, se encarga de la administración del gobierno y la ejecución de las leyes. El poder Legislativo, representado por el Congreso, tiene la responsabilidad de elaborar y aprobar leyes. Finalmente, el poder Judicial interpreta las leyes y garantiza que sean aplicadas de manera justa y equitativa.
Esta estructura tiene como objetivo prevenir la concentración de poder en manos de un solo individuo o institución, lo que podría derivar en tiranía o autoritarismo.
En esencia, la separación de poderes es el mecanismo que permite que una democracia funcione de manera equilibrada y justa, garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos.
Recientemente, en el contexto de las reformas constitucionales propuestas por el presidente Luis Abinader, ha surgido una preocupación significativa respecto a la independencia del poder Legislativo en la República Dominicana.
Durante una rueda de prensa, Abinader instó a los diputados a aprobar las reformas tal como fueron enviadas por el Poder Ejecutivo, lo que muchos interpretaron como una presión indebida sobre el Congreso.
Este tipo de declaración plantea serias interrogantes sobre el respeto a la separación de poderes.
La idea de que el Congreso deba actuar como un “sello gomígrafo” del Ejecutivo socava la función fundamental del Legislativo: la deliberación y el contrapeso.
Si los diputados se ven obligados a aprobar automáticamente las propuestas del Ejecutivo, se pierde la esencia misma del poder Legislativo como un espacio de debate y representación popular.
El peligro de esta dinámica es evidente: la erosión de la democracia. La presión para que los legisladores actúen en consonancia con el Ejecutivo no sólo debilita al Congreso, sino que también compromete la independencia de las instituciones.
Esto podría abrir la puerta a un gobierno cada vez más centralizado, donde el control del poder se vuelva absoluto, dejando a un lado el principio de checks and balances que es vital para la salud democrática de una nación.
Es imperativo que los diputados dominen su rol constitucional y resisten cualquier intento de coacción, reafirmando la importancia de un Congreso independiente y deliberativo. Solo así se puede garantizar que las leyes y reformas reflejen verdaderamente la voluntad y el bienestar del pueblo dominicano, y no solo los intereses del Ejecutivo.
