Por: Lic. Parmenio Paulino Nuesi.- El poder ejecutivo promulgó recientemente la ley 01-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), legislación que ha levantado una serie de críticas por parte de profesionales, políticos, la opinión pública y sectores populares de la nación.
A pesar de su aprobación en consenso por todos los partidos representados en el congreso nacional donde la pieza duro dos años por la forma ambigua en la que fue redactada, esta ley se constituye en un riesgo, ya que no da límites a la imaginación, y cualquier funcionario en su interpretación y a su manera pudiera generar exceso y abuso de poder en su ejecución. Y eso hay que evitarlo.
Si bien es cierto, que esta ley resultaría de gran importancia para proteger la seguridad de la nación y los intereses de las instituciones del Estado frente a las amenazas del terrorismo, no bien es cierto, que una regulación tan amplia que obligue a las instituciones privadas, a los profesionales y a los medios de comunicación entregar informaciones confidenciales al DNI, sin la previa autorización de un juez, sin duda se convierte en una violación al derecho a la privacidad y al anonimato que consagra la constitución de la republica y un peligro ante un futuro gobierno autoritario que use este instrumento jurídico a su favor para callar voces que afecten sus intereses apoyándose en la intimidación que esta ley permite.
La
decisión a posteriori del presidente Luis Abinader de crear una comisión para analizar los posibles efectos del texto jurídico, es una buena
señal para ajustar su redacción y evitar que en el presente y en el futuro una
sola persona pueda intervenir lo público, lo privado y lo individual para lograr impunidad.
Sí, pedimos al presidente, que esta comisión realmente sea orgánica y efectiva y que no quede al amparo de las acostumbradas comisiones que forman los gobiernos como bola de humo, para no hacer nada.
