Mediante
el decreto 499-21, se indica que el objetivo de este fideicomiso es crear un
patrimonio autónomo, separado de las partes, que sirva de vehículo jurídico
para implementar la política de recuperación del patrimonio público desviado
ilícitamente.
Además, se
busca que sea el mecanismo que supervise el cumplimiento de las metas y
objetivos de recuperación a cargo de los abogados contratados por el Estado
dominicano.
De igual
forma que, al recibir los recursos provenientes de los bienes recuperados, los administre
e invierta según su naturaleza y criterio de riesgo, distribuyéndolos conforme
a las reglas establecidas en el decreto. También emitir valores de oferta
pública con los bienes que conformen el patrimonio fideicomitido.
Agrega,
además, que el Estado dominicano será partes del fideicomiso en calidad de
fideicomitente y fideicomisario, respectivamente, actuando a través de la
Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y Fiduciaria Reservas S.A., que
actuará como fiduciaria.
Explica el
decreto que la duración del fideicomiso será de 20 años, contando a partir de
la fecha de subscripción del contrato.
Instruye
de igual modo que el fideicomiso contará con un comité técnico integrado por:
el ministro de Hacienda, el ministro de Economía , Planificación y Desarrollo,
el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la directora de Ética e Integridad
Gubernamental y el asesor del Poder Ejecutivo en Economía.
