La
Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción (Pepca)
concluyó este martes sus alegatos contra el expresidente del Senado Andrés
Bautista, los exsenadores Tommy Galán y Roberto Rodríguez, el exministro de
Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga y el empresario
Ángel Rondón, a quien se acusa de ser el supuesto distribuidor de los sobornos.
Los fiscales solicitaron al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la imposición de 10 años de prisión a Rondón y Díaz Rúa, cinco años de reclusión a Galán, Rodríguez y Bautista, y siete años de cárcel para Pittaluga, además del pago de 200 salarios mínimos como multa.
El grupo
está acusado de sobornos, prevaricación, falsedad de escritura, lavado de
activos, enriquecimiento ilícito y asociación de malhechores.
El
tribunal pospuso el juicio y ordenó que el jueves venidero se reanude con la
presentación de la defensa técnica del imputado Rondón.
Cada
acusado tendrá la misma oportunidad y luego se producirán las réplicas del
Ministerio Público y de las barras de la defensa, con lo cual el juicio habrá
concluido a la espera de la sentencia que emita la corte.
Rondón es
señalado por los fiscales como el armador de un entramado societario conformado
por varias empresas que sirvieron, supuestamente, para lavar dinero ilícito.
La fiscal
Mirna Ortiz afirmó hoy que el exejecutivo de Odebrecht en el país tenía la
facilidad para «llegar hasta los despachos de funcionarios y legisladores» y
con ellos estructurar la manera en que obrarían en favor de la constructora
brasileña.
Odebrecht
admitió en 2016 que pagó 92 millones de dólares -entre 2001 y 2014- en sobornos
a políticos dominicanos para adjudicarse y lograr facilidades en 16 contratos
de obras públicas, entre ellos carreteras, hidroeléctricas o acueductos, cuyos
presupuestos sumados rondan los 3.865 millones de dólares.
La empresa
brasileña llegó a un acuerdo con la Procuraduría General dominicana en 2017 por
el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo
que admitió haber entregado en sobornos en el país.