
La Cámara Penal de la Corte de
Apelación de esta demarcación dictó la medida cautelar contra el sacerdote, la
cual deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, de
La Vega, hasta tanto el órgano investigador culmine con la investigación que
desde hace unos meses lleva a cabo en contra del imputado.
El tribunal adoptó la decisión
luego que acogiera un recurso de apelación del Ministerio Público para la
revocación de la resolución No. 3620/2017, emitida por el juez interino Lorenzo
Antonio Vargas Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente
de La Vega, mediante la cual le había impuesto solo presentación periódica,
como medida de coerción, y como medida de seguridad orden de protección y alejamiento
a favor de las víctimas.
De acuerdo a la información
suministrada por el Ministerio Público, el sacerdote Florenzán Ulloa habría
violado los artículos 309, 330, 331, 333 y 355 del Código Penal Dominicano y
los artículos 1, 12, 18 y 396 literales A, B y C del Código para la Protección
y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No.
136-03), que sancionan la seducción para cometer delitos y agresiones sexuales,
violación sexual, agresión física y psicológica por parte de una persona con
relación de autoridad y deber de vigilancia hacia una persona menor de
edad.
En la audiencia realizada en la
Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega estuvo presente la víctima
directa de este hecho, quien durante la audiencia pudo ofrecer sus
declaraciones.
Conforme se ha podido establecer
durante las pesquisas, los hechos se habrían cometido en un centro escolar de
la zona, durante excursiones escolares, visitas a diferentes lugares del país y
durante un viaje al exterior.
El Ministerio Público informó
que avanzan en las investigaciones y que hasta el momento en el transcurso de
las mismas ha podido identificar a otros menores que habrían sido víctimas de
la acción delictiva.
En ese sentido, dijo que trabaja en la
recolección de las evidencias que les permitan el envío a juicio de fondo del
imputado y lograr que contra éste sea impuesta una sanción acorde a los graves
delitos cometidos.