Santo Domingo .- La Procuraduría General
de la República
dijo que apeló la decisión del juez Francisco Ortega Polanco, de otorgar
libertad condicional al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y al
empresario Ángel Rondón, implicados en la red de sobornos que la constructora
brasileña Odebrecht reveló pagó en el país.
La institución expresó, en un comunicado, que la variación
de las medidas de coerción a esos imputados carece de fundamento, porque no han
cambiado las condiciones que en junio pasado determinaran que el juez de la Suprema Corte de
Justicia, Ortega Polanco, dictara prisión preventiva contra los acusados.
El Ministerio Público llamó a la ciudadanía a permanecer
“atenta y vigilante” de los jueces que conocerán esta apelación, destacando que
luchar contra la corrupción y la impunidad es una tarea que debe involucrar la
participación de toda la sociedad.
La Procuraduría consideró que a pesar de la variación en las medidas de
coerción, tanto a Díaz Rúa y Rondón Rijo, como a otros de los 14 implicados
hasta el momento, el caso Odebrecht continúa abierto, por lo que todos los
responsables deberán responder en los tribunales por los delitos que se les
señalan.
Asimismo, defendió la “ardua y fructífera” labor que, a su
juicio, ha realizado el equipo de fiscales de carrera a cargo de la
investigación, calificando además de “extemporáneo o interesado” decir que el
expediente construido hasta ahora es débil.
En ese sentido, aseguró que con los datos y evidencias
recabados en el país por esos fiscales, junto a los testimonios, archivos,
documentos bancarios, contratos, correos electrónicos y cientos de
informaciones suministradas por Odebrecht, a la fecha, el Ministerio Público
puede garantizar que tiene en sus manos un caso fuerte.
Adelantó, además, que su equipo de fiscales continúa
recolectando más elementos probatorios, para dentro del plazo de 8 meses
concedido en junio pasado por el juez Ortega, presentar una acusación que
asegure sanciones ejemplares para todos los involucrados en el entramado
ilícito orquestado en el país, bajo auspicio de la multinacional brasileña.
El empresario Rondón, de acuerdo al expediente, fue quien
recibió y distribuyó entre políticos y legisladores los 92 millones de dólares
que Odebrecht reveló pagó en el país entre 2001 y 2014 para agenciarse la
adjudicación de contratas gubernamentales.
Rondón y Díaz Rúa, habían sido enviados a prisión preventiva
por un año y 9 meses respectivamente, por el propio juez Ortega Polanco.
En el caso también están involucrados los senadores
oficialistas Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado opositor
Alfredo Pacheco.
Asimismo, el exministro de Industria y Comercio Temístocles
Montás y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Andrés Bautista
García
