sábado, 17 de diciembre de 2016

Fallo que elimina monopolio del transporte genera respaldo de ADOZONA

Juan Tomas Contreras, presidente de ADOZONA

SANTIAGO.- La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) afirmó ayer que la decisión del Tribunal Superior Administrativo de hacer cumplir las disposiciones legales que prohíben las prácticas monopólicas en el ámbito del transporte, tendrá un impacto positivo  en beneficio de los ciudadanos y del proceso productivo del país.
    
Al saludar  la decisión  del organismo judicial de acoger el recurso de amparo para liberalizar el sector del transporte terrestre de carga y de pasajeros,  la entidad empresarial considera que  la medida  es un paso importante para  reducir costos ,  mejorar la eficiencia de los sectores productivos y elevar la competitividad  del  país como destino de inversión.
   
 Sostiene ADOZONA que el monopolio del transporte no solo  afecta la actividad productiva, sino también a los consumidores y a la población general, ya que al no existir competencia, los transportistas imponen  tarifas sin tomar en cuenta los costos reales y la racionalidad del mercado.
    
“Al igual que el Consejo Nacional de la Empresa y las 90 asociaciones que lo integran, ADOZONA confía que la efectiva aplicación de esta sentencia por las instituciones competentes del estado hará valer el derecho de la sociedad  dominicana de contar con la debida protección de sus derechos constitucionales en lo concerniente al transporte terrestre, tanto de carga como de pasajeros”, expresa la declaración.

Define como un hecho trascedente el mandato del TSA  para que los órganos estatales  adopten “de manera inmediata” medidas de protección para que cualquier empresa pueda depositar y retirar sus mercancías de los distintos muelles y puertos del país, garantizar la libre competencia en todos los sectores económicos, evitar prácticas anticompetitivas en el transporte turístico, proteger a las personas físicas o morales y supervisar a los agentes del orden que den protección y cumplan con sus deberes a cargo”.
    
El   fallo de la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo  ordena  las  siguientes  medidas:
   
 •    Al Ministerio de Trabajo, velar porque no se establezcan monopolios en provecho de particulares en trabajos de carga o descarga de buques o naves de cualquier naturaleza en los distintos muelles y puertos del país.
    
•    Al Ministerio de Industria y Comercio, dictar y vigilar el cumplimiento de normas que garanticen la libre competencia y los niveles de precios, preservando en favor del mercado común, un régimen de competencia efectiva en el aspecto comercial del sector transporte de mercancías.
    
•    A la OTTT, cumplir con la obligación de dictar y adoptar todas las medidas necesarias para la organización y control del transporte terrestre de pasajeros…para eliminar toda especie de práctica anticompetitiva.
    
•    Al Ministerio de Turismo, adoptar todas les medidas necesarias a los fines de evitar cualquier tipo de práctica anticompetitiva existente en el transporte terrestre de turistas con el propósito de tutelar la libre competencia en este sector.
   
 •    Al Ministerio de Defensa, cumplir con su deber de vigilar el cumplimiento de manera íntegra y efectiva por parte de los órganos encargados de la vigilancia del Estado, para asegurar a las personas físicas y morales el retiro, depósito y trasporte terrestre de efectos y mercancías desde las aduanas y puertos del territorio nacional.
   
 •    Al Ministerio de Interior y Policía, garantizar que las personas físicas y morales al momento de utilizar los servicios de transporte de pasajeros en todo el territorio nacional, así como realizar el retiro, depósito y transporte terrestre de efectos y mercancías desde las aduanas y puertos del país haciendo uso de vehículos de su propiedad o de particulares obtengan la protección debida.
    
•    A la Policía Nacional, crear los mecanismos que aseguren a esta institución cumplir con el deber de protección a las personas físicas o morales.

Compromiso Santiago valora sentencia

Las asociaciones empresariales agrupadas en Compromiso Santiago, valoraron ayer de manera positiva la sentencia del TSA que acoge el amparo interpuesto por  CONEP para exigir a organismos del Estado asumir su rol en el ordenamiento del transporte del país que garantice los derechos de los dominicanos y la libre empresa.    
    
Las entidades de desarrollo de Santiago esperan que este fallo constituya un precedente que sirva de referencia para otras decisiones administrativas y jurisdiccionales que promuevan la institucionalidad y el Estado de Derecho.
   
 Manifestaron que el estado de derecho y la libre empresa son pilares imprescindibles para la consolidación de la democracia y el desarrollo del país.   
    
Las entidades empresariales entienden que con esta decisión se avanza en la promoción de la libre competencia y la eficiencia en un servicio tan vital para la competitividad del país y con fuertes impactos en la calidad de vida de la ciudadanía.
    
“Compromiso Santiago confía en que las instituciones del Estado con incidencia en el servicio del transporte acojan y apliquen en todo su alcance la decisión del referido alto tribunal”, explicó en una nota remitida por APEDI.
    
Asimismo, exhortó, también a que todos la tomemos como punto de partida para trabajar conjuntamente hacia un sistema de transporte competitivo, eficaz y digno, en el cual todos los actores puedan mejorar sus servicios.
    
Se recuerda que Desde hace décadas el sector empresarial se ha quejado de las limitaciones que tienen para usar sus propios medios de transporte para movilizar sus cargas, siendo obligado por los sindicatos de transporte a usar sus servicios con tarifas por encima del promedio de la región, lo que incrementa sus costos y disminuye su competitividad.
    
Pone de manifiesto la nota de las entidades empresariales que  en los últimos años esas quejas se han incrementado, culminando con la solicitud de amparo que dio lugar a la referida sentencia.

OTTT dice respetará sentencia Tribunal 

El director general de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), licenciado Héctor Mojica, dijo ayer que la institución que dirige es respetuosa de las decisiones emitidas por los tribunales competentes y esta no será la excepción.
   
 “En cuanto al señalamiento del Tribunal Superior Administrativo de que las normativas redactadas por la OTTT son insuficientes, realmente en el país no hay una ley de transporte, solo de transito. En tal sentido, como institución hemos elaborado normativas para regular la prestación de servicio del transporte de pasajeros porque el país no es una selva”, dijo Mojica.
    
Mojica aclaró que la OTTT durante su gestión ha buscado el equilibrio entre los operadores de rutas, pero poniendo por encima de todas las cosas a los usuarios de los servicios. Resaltó además que la entidad elabora y socializa con los operadores (empresas y sindicatos), la implementación de las normativas que rigen las diversas modalidades de transporte terrestre de pasajeros, cuya regulación es responsabilidad de la Oficina Técnica, con miras a dar cumplimiento al Artículo 1 del decreto 489-87, que crea la institución.

 “En el país ha faltado una ley que rija este sector tan complejo, en ese orden consideramos muy necesaria la aprobación del proyecto que cursa en el congreso, sobre movilidad, transito y transporte, ya que permitiría reglas más claras y firmes,  por lo que le pedimos al senado aprobarla de la manera más consensuada y justa posible”, resaltó.

Señaló que son muchas las empresas privadas y sindicatos que regula la OTTT con el mayor equilibrio posible.
   
 “Además de los sindicatos reconocidos, hay diversidad de empresas que intervienen en el transporte interurbano de pasajeros, así como en el transporte de personal, por ejemplo: Caribe Tours, Metro Tours, Windham Viva Resorts en Bayahibe, Victorina Agroindustrial en Bani, Trans TG en Santo Domingo y La Vega y así alrededor de 300 empresas ofertando este servicio, todas bajo regulación de la OTTT”, sostuvo.
    
El funcionario señalo que la institución es manejada de manera responsable, transparente, con apego a las normas y dentro de la legalidad que garantiza el cumplimiento de todos los artículos del decreto que le da origen y asigna funciones.