Washington.- La comisión, a solicitud de organizaciones de la sociedad civil, celebró una audiencia pública sobre “la negación de los derechos políticos a las personas dominicanas de ascendencia haitiana”, un tema que se abordó también en los últimos cuatro periodos de sesiones.
La representación del Gobierno dominicano se quejó de la convocatoria de esta audiencia seis meses después de otra sobre el derecho a la nacionalidad de las personas de ascendencia haitiana.
“Si se atendiera lo que dice la comisión en sus informes, no habría sido necesaria esta audiencia. Hay un problema serio”, defendió Álvarez Icaza al respecto.
La CIDH publicó en febrero un informe muy crítico con el actual Gobierno dominicano, presidido por Danilo Medina, y con la “discriminación histórica” que han sufrido en el país durante décadas las personas de ascendencia haitiana.
Álvarez Icaza, en un apasionado discurso, aseguró que en sus visitas al país han comprobado cómo “hasta les cobran más por la luz” y que “
Por su parte, Mayerlyn Cordero, representante alterna de República Dominicana en
“Lamentamos que la comisión rechazara posponerlo, consideramos que en la ejecución de sus mandatos debe primer la prudencia y el sentido de la oportunidad”, sostuvo la diplomática.
Cordero negó las denuncias de las organizaciones civiles de que el Gobierno niega los derechos políticos a las personas de origen haitiano al impedirles el acceso o la renovación de su documento identificativo.
Representante dominicana se defiende
La representante dominicana sostuvo, asimismo, que la
historia de las dos naciones (su país y Haití) “ofrece razones para que se
tenga una ley de nacionalidad con determinadas restricciones”.
“Si impactan a un grupo particular, eso se deriva de la realidad social y un contexto histórico determinado. Pero no hemos diseñado un régimen legal de nacionalidad para discriminar a un grupo de personas”, agregó.
“Si impactan a un grupo particular, eso se deriva de la realidad social y un contexto histórico determinado. Pero no hemos diseñado un régimen legal de nacionalidad para discriminar a un grupo de personas”, agregó.
