Santo Domingo.- El Consejo Nacional de
En una carta a la presidenta del Senado, Cristina
Lizardo, el organismo que agrupa a los principales empresarios del país explica
que este sector, al igual que otros de la sociedad dominicana, ” viene
albergando importantes inquietudes ante las reiteradas manifestaciones de
deterioro institucional que evidencian nuestros partidos políticos”.
Dice que a los empresarios preocupa, asimismo, “las cada día
más frecuentes denuncias de acusaciones de infiltración de dinero de dudosa
fuente, en el financiamiento de las campañas electorales”.
Dice que su preocupación se sustenta en la íntima relación
que existe entre la estabilidad democrática, el desarrollo sostenible y la paz
social, las cuales requieren de un sistema de partidos coherente que con
estabilidad sea capaz de canalizar las aspiraciones sociales, políticas y
económicas del país.
“Luego de un profundo análisis hemos llegado a la conclusión
que, de convertirse en ley ese proyecto, el país quedaría desprovisto de esa
norma a que aspiramos todos, que fomente el desarrollo de partidos ordenados,
institucionales y transparentes”, expresa.
Indica que está convencido que adoptarse el proyecto, tal y
como le fuera sometido al Senado, el resultado final que la sociedad obtendría
sería la profundización de la opacidad en la que actúan los partidos políticos
y harían más difícil que los organismos competentes, esencialmente la Junta Central Electoral,
puedan ejercer un efectivo control sobre las prácticas ilegales y
distorsionadas que predominan en la actualidad.
El comunicado del CONEP, firmado por su presidente Rafael
Blanco Canto, asegura que el proyecto lejos de constituir un avance institucional,
reproduce y da permanencia a las debilidades que de hecho hoy existen en los
partidos, dado que no se corrige la falta de transparencia y rendición de
cuentas en el manejo de los fondos; las escasas oportunidades de participación
de la mujer en el liderazgo de la vida política-partidaria y la falta de
control de la idoneidad de los candidatos propuestos por los partidos.
Sostiene que tampoco se corrige el mantenimiento de
influencias y posiciones de favoritismo en el aparato estatal y la baja calidad
de la formación política en su seno, entre otras cosas.
