Santo Domingo.-
Julio César de la Rosa Tiburcio , vocero de la entidad de la
sociedad civil, explicó que la
Constitución de la República establece que “ninguna institución
pública o autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o
disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus
incumbentes o directivos”.
Agregó que “la inobservancia de esta disposición será
sancionada de conformidad con la ley”.
Dijo que los jueces de la SCJ se han apartado de los principios de esta
alta corte, entre los cuales mencionó el juzgamiento equitativo de los
ciudadanos, sin favoritismo ni privilegio.
Agregó que la equidad ha sido abandonada con la “escogencia
de jueces de la instrucción especial que han conocido los casos de corrupción
que hasta allí han llegado y evacuando decisiones alejadas del sano juicio, en
adición al estancamiento de centenares de casos pendientes de decisiones
judiciales que la alejan cada vez más del principio de prontitud y celeridad
con el que debe actuar”.
Acusó, asimismo, a los jueces de la Suprema de haber
refrendado las decisiones del Consejo del Poder Judicial, que dispuso el año
pasado el traslado arbitrario y sospechoso de las magistradas Elka Reyes Olivo
y Rosanna Vásquez Febrillet, del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Novena Sala de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, respectivamente.
Reyes Olivo fue transferida a la Sala Civil del Tribunal
de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santo Domingo y Vásquez Febrillet a la Quinta Sala del
Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, lo que “viola la Ley sobre Carrera Judicial,
que prevé el traslado como un beneficio.
Advirtió que si los referidos jueces no renuncian, solicitaá
a la Cámara de
Diputados que “aperture una investigación tendente a juicio político ante el
Senado de la República ”.
