
Los acusados son Juan Francisco Olivares Paulino, Altagracia
de los Ángeles Pucheo Minaya, José Ramón Peralta Espinal y Francisco Díaz
González.
Díaz González se desempeñaba como inspector de Migración en
el Muelle de Samaná.
De acuerdo con la acusación, los imputados recibían un
beneficio económico que oscilaba entre 14,000 y 16,000 dólares por cada menor
que lograban introducir a Estados Unidos.