Santo Domingo.-El presidente de la Junta Central
Electoral (JCE), Roberto Rosario, consideró que la no aprobación de las
Leyes de Régimen Electoral y de Partidos y Agrupaciones Políticas
se constituye en una seria amenaza para la sanidad de las próximas elecciones
generales del 15 de mayo del año 2016 y por ende para la democracia
de la República.
Rosario enviar sendas comunicaciones a los presidentes del
Senado de la República ,
Cristina Lizardo, y de la
Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, mediante las
cuales reintroduce los proyectos de leyes Orgánica del Régimen Electoral
y de Partidos y Agrupaciones Políticas a fin de que ambas piezas sean conocidas
en el período legislativo que inicia a partir del 27 de febrero próximo.
Advierte que en las actuales circunstancias la calidad de la
representación política que surjan de las urnas descansará más en la fuerza del
dinero que en la fuerza de las convicciones y las ideas.
Puntualizó que la ausencia de un marco jurídico actualizado
impide a la Junta
Central Electoral avanzar como lo demandan estos tiempos en
la regulación del uso de los recursos públicos y privados, de la
propaganda y del activismo electoral en sentido general.
El presidente de la
JCE puso como ejemplo la situación que sufre la población con
una campaña electoral fuera de control y exageradamente anticipada.
En sus comunicaciones, Rosario Márquez destaca que el
proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral recoge las sugerencias de la Junta Central
Electoral sobre el funcionamiento del régimen electoral dominicano, así como de
tratadistas internacionales, quienes fueron referidos a esta institución
por la Organización
de Estados Americanos, entidad ésta que por demás avala la referida pieza
introducida al Congreso Nacional.
Agrega que el proyecto en cuestión fue elaborado tomando en
consideración las reformas que contiene la Constitución de la República ,
promulgada en el año 2010, y de manera especial recoge las nuevas
instituciones del derecho electoral que ésta introdujo.
En relación al proyecto de Ley de Partidos y
Agrupaciones Políticas, Rosario Márquez resalta que se está
reintroduciendo tomando como base las conclusiones de varios seminarios y
otros eventos sobre la materia, nacionales e internacionales, a fin de “darnos,
por primera vez, una normativa que contribuya a la sostenibilidad de nuestro
sistema de partidos”.
Agrega que al igual que el anterior proyecto, este
recoge todas las instituciones creadas en la reforma constitucional, partiendo
sobre todo del artículo 216, que conceptualiza y define la esencia y los fines
de éstos, tanto en su parte capital como en sus tres numerales.
Advirtió que la no aprobación de ambas leyes sería el
único punto que afectaría la organización de los comicios en la República
Dominicana, ya que los avances en materia de organización del proceso y
la transparencia en la administración del sufragio, la transmisión y el
cómputo electoral son de las políticas públicas y buenas prácticas
administrativas que el país ha estado facilitando a modo de cooperación
con otros órganos electorales de América en su conjunto.
El presidente de la Junta Central Electoral lamentó que el sector
empresarial y las organizaciones sociales no hayan contribuido lo
necesario para que la clase política, y muy especialmente los congresistas,
aprobaran estas iniciativas a sabiendas de que sin estos instrumentos no es
posible la organización de un proceso que garantice mejores niveles de
igualdad y equidad en la contienda, “y que lejos de apuntar hacia los
responsables de la no aprobación de los mismos, se dediquen a criticar y a
responsabilizar a los órganos electorales de estas debilidades del sistema, que
de conformidad con el Articulo 74 de la Constitución , corresponde a los
legisladores definir”.
Concluyó esperando que esta decisión de reintroducir
estas importantes piezas legislativas reciba en esta oportunidad la
acogida necesaria de parte del Congreso Nacional y de los actores
políticos y sociales fundamentales del país, y dotar
así a la nación dominicana de regulaciones legales oportunas
que contribuyan al fortalecimiento del sistema de partidos, en particular, y de
la democracia, en sentido general.