Santo Domingo.-
Así lo anunció el procurador general de la República en una rueda
de prensa donde explicó los pormenores de las investigaciones realizadas en
contra del grupo, vinculado a la sustracción de casi mil kilos de cocaína de la DICAN.
La medida de coerción fue solicitada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo
Domingo, la cual se espera conozca mañana miércoles la solicitud de prisión
preventiva, consistente en un año de prisión.
La medida fue presentada en contra del coronel Carlos
Fernández Valerio, el jefe de operaciones de DICAN, teniente coronel
Félix Humberto Paulino López; los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras
Castro, contra quienes el ministerio público dice tener pruebas contundentes
que los vinculan de manera directa en acciones ilícitas en el desarrollo de sus
funciones, junto a otros implicados a los que se les ha emitido orden de
arresto.
Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, tráfico
ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores,
enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de
dinero producto del narcotráfico, entre otros.
Domínguez Brito explicó que la investigación se hizo a una
solicitud del jefe de la
Policía , mayor general Manuel Castro Castillo para que se
haga una pesquisa sobre la supuesta desaparición de una cantidad de sustancia
controlada, en ese momento no determinada, en la que se presumía habían como
implicados, tanto personal del ministerio público como del cuerpo del orden.
De acuerdo a los expresado por el jefe del ministerio
público, las investigaciones han determinado que la alerta de la presencia de
una sustancia en una casa en el Ensanche Isabelita, el 27 de septiembre pasado,
la produce alegadamente un mayor de la Policía , quien suministra la información al
fiscal Máximo Díaz Ogando, quien a su vez se comunicó con el jefe de
operaciones de DICAN, procediendo a conformar el equipo que actuó en ese
allanamiento.
Agrega que las actas judiciales de allanamiento en este
caso, donde se ocupó 950 kilos de cocaína, fueron completadas con informaciones
falsas, en las que indicaban que no fue encontrado nada comprometedor y que la
operación la habían ejecutado miembros de la Dirección Nacional
de Control de Drogas, los cuales no actuaron en el mismo.
Dijo que como parte de los bienes han sido recuperados un
millón 450 mil pesos en efectivo, entregados a las autoridades de forma
voluntaria por uno de los sargentos que participó en el operativo, así como una
yipeta del año 2014.
Expresó que otro de los participantes que alegadamente
recibió de parte del coronel Paulino unos tres millones de pesos, entregó de
forma voluntaria un apartamento que adquirió a un precio de 2.6 millones de
pesos y un vehículo valorado en 400 mil pesos.
Domínguez Brito precisó que la investigación no ha concluido
y que siguen profundizando sin importar investidura, jurisdicciones ni
posiciones.
Dijo que el mensaje está claro “los llamados a perseguir y
castigar el crimen organizado en todas sus manifestaciones, bajo ningunas
circunstancias pueden aliarse al mismo y operar como vulgares delincuentes y
narcotraficantes”.
