Washington.- 
El Constitucional argumentó que, en 1999, el entonces
presidente del país caribeño, Leonel Fernández, no cumplió con los requisitos
de la Constitución
del país en el acto que reconocía la competencia de la CorteIDH , porque esa
adhesión no fue aprobada por el Congreso Nacional.
La decisión del TC dominicano sigue al rechazo por parte del
Gobierno y otras instancias nacionales de una reciente sentencia de la CorteIDH , que condena al
país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y
2000.
Frente al rechazo de la República Dominicana
a acatar el veredicto de la
Corte , la CIDH
advirtió de que la sentencia del Constitucional "no encuentra sustento
alguno en el derecho internacional, por lo cual no puede tener efectos".
"En virtud del principio del 'estoppel', un Estado que
ha adoptado una determinada posición, la cual produce efectos jurídicos, no
puede luego asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera y que
cambie el estado de cosas con base en el cual se guió la otra parte",
indicó la Comisión.
Para la CIDH ,
tampoco existe base en el derecho internacional para entender que la sentencia
del Constitucional puede tener efectos en el futuro, porque la Convención Americana
no establece la posibilidad de que un Estado que continúa siendo parte de ese
tratado se desvincule de la competencia de la Corte Interamericana.
En este sentido, la
CIDH defiende que es a la Corte , y no a los Estados, a la que le corresponde
pronunciarse sobre el alcance de su propia competencia.
De hecho, incide en que limitar el alcance de la competencia
de la Corte
"sería contrario al objeto y fin de la protección internacional de los
derechos humanos".
Asimismo, la
Comisión expresó su "profunda preocupación" por el
rechazo que el Gobierno dominicano expresó contra la sentencia de la Corte sobre la deportación
de haitianos.
A su juicio, ese rechazo "contradice" el
compromiso que el Estado señala tener con el Sistema Interamericano y con todos
los actores de la comunidad internacional.
En este sentido, acusó al país caribeño de "desconocer
sus obligaciones voluntariamente contraídas en materia de derechos humanos ante
las personas sujetas a su jurisdicción y ante todos los actores de la comunidad
internacional".
La semana pasada, durante su 153 periodo de sesiones, la CIDH exigió a la República Dominicana
que acate y convierta en un "elemento clave" de su legislación la
sentencia de la CorteIDH.
El Gobierno dominicano alegó el sábado pasado que le resulta
"inaceptable" e "imposible" acatar la exigencia.
