Santo Domingo.-
Al respecto, la coordinadora de los Defensores Públicos,
Laura Hernández, afirmó que resultan altamente cuestionables los asesinatos
atribuidos a denominados intercambios de disparos por parte de la Policía Nacional ,
ya que como “los muertos no pueden hablar” sólo se escucha la versión de esa
institución y se pone en riesgo a toda la ciudadanía.
Junto a los representantes de Participación Ciudadana,
Rosalía Sosa y Servio Tulio Castaños, de la Fundación
Institucionalidad y Justicia (Finjus), Hernández insistió en
la necesidad de que las investigaciones policiales sean tuteladas por el
Ministerio Público para evitar excesos.
Mientras que el representante de FINJUS, dijo que las
declaraciones del procurador Francisco Domínguez Brito, quien denunció que en
los últimos casos de sicariato hay envueltos ex policías, constituyen una
alerta que refleja la crisis institucional del sistema y que en otro país del
mundo habrían movilizado al Estado.
En ese orden consideró que el presidente Medina en lo
adelante tendrá que jugar un rol más activo para enfrentar la problemática.
También cuestionó el hecho de que la Policía informe sobre las
muertes de supuestos delincuentes con hasta 24 fichas “pero sucede que cuando
vas a la Procuraduría
te dicen que esa persona nunca fue sometida a la justicia, aquí hay un problema
serio que va arrastrar y se puede llevar de encuentro a nuestras
instituciones”.
De su lado, Rosalía Sosa de PC, afirmó que cuando un sistema
es tan vulnerable y permisible como el de República Dominicana, “los primeros
que estamos en un estado de probabilidad de caer somos los ciudadanos comunes y
corrientes”, por lo que apeló a que las autoridades encargadas de combatir el
crimen se ciñan al cumplimiento de la Constitución y de los códigos Penal y Procesal
Penal.
Indicó que el Estado está muy concentrado en la persecución
y en la coerción penal, obviando el tema de la prevención y la disuasión del
delito en los barrios marginados, donde aquellos ciudadanos carentes de empleo
y oportunidades son más vulnerables a delinquir.
Añadió que bajo ninguna circunstancia puede promoverse que
las autoridades vulneren la
Constitución y que a aquellas personas que violaron la ley
deben ser procesados respetándole sus derechos. “La respuesta que está dando el
Estado es una respuesta violenta y eso genera más violencia”.
