Santo Domingo-Una auditoría de
En el año 2008 los funcionarios del Estado
dominicano se volcaron a hacer campaña por la reelección del entonces
presidente Leonel Fernández, y el doctor Almeyda Rancier, alto dirigente del
PLD que años atrás proclamó que el país se dividía entre “corruptos y peledeístas”, fue de los
entusiastas activistas en la contienda electoral.
Los auditores de la Cámara de Cuentas critican
que, en violación a las normas presupuestarias y contables, la gestión de
Almedya Rancier elevara los gastos personales de los gobernadores en más del
doble de los recursos destinados para la nómina de su
personal fijo, que fue de 33.4 millones en 2008.
Además, los gobernadores provinciales recibieron
240.6 millones de pesos, que supuestamente fueron gastados en el fallido Plan
se Seguridad Democrática, según explica el documento oficial de la CCR.
Los auditores de la Cámara de Cuentas subrayan
que hallaron evidencias que muestran un manejo irregular del presupuesto del
Ministerio de Interior y Policías en 2008, en la administración de Franklin
Almeyda
En el presupuesto de las gobernaciones figurara
también una partida de 144.8 millones de pesos, para un supuesto programa
de policías auxiliares. Los auditores no obtuvieron información detallada sobre
este gasto.
Los auditores que intervinieron en la inspección
detectaron que las retenciones del Impuesto Sobre la Renta , aplicadas a los
funcionarios y empleados del ministerio, no fueron transferidas a la Dirección General
de Impuestos Internos (DGII), en otra violación a las leyes.
Los auditores de la Cámara de Cuentas subrayan
que hallaron evidencias que muestran un manejo irregular del presupuesto del
Ministerio de Interior y Policías en 2008, en la administración de Franklin
Almeyda.
El dispositivo legal de la auditoria establece
responsabilidad administrativa y legal sobre las irregularidades detectadas,
que apuntan a los ex funcionarios del Ministerio de Interior y Policía: Franklin
Almeyda Rancier, secretario de Estado y cabeza de la institución en esos
momentos; Rita Mendoza, directora financiera; Nelly Miguelina Labrada
Amor, directora administrativa; Zoila Caridad Rodríguez,
directora de recursos humanos, y Daisy María Taveras, directora de
compras.
El informe subraya, además, que en la
ejecución presupuestaria de ese año las autoridades violaron la ley Nacional
de Presupuesto, la legislación sobre Compras y Contrataciones del Estado,
así como la Ley
de Cheques y la de Función Pública, entre otras normativas, sin que hasta
el momento se haya producido ninguna consecuencia de parte del Ministerio
Público ni de la Justicia.
