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| William Medina Ferreras |
Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) se querelló ayer en contra de un señor que se hace llamar William Medina Ferreras, quien demandó al país ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia celebrada en México en octubre pasado, y supuestamente se presentó como dominicano con documentos adulterados.
La querella con constitución en parte civil fue interpuesta por ante la fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso, por el presidente de la JCE Roberto Rosario; el coordinador de Oficialías César Francisco Féliz; el consultor jurídico Alexis Dicló y el secretario general Hilario Espiñeira.
“En este caso hemos decidido apoderar a la fiscal ya que esta persona, según tenemos conocido, no tiene domicilio fijo en el país, para que ponga a funcionar la acción pública”, declaró.
Dijo que esta persona es acusada de falsificación de documentos en violación de varios artículos del Código Penal dominicano que establece sanciones y pena de prisión para los autores y cómplices de esta infracción.
Lo que ahora determinará la fiscal es si esta persona actuó solo o participaron más personas.
De su lado, la fiscal Berenice Reynoso aseguró que dará el curso correspondiente a la querella presentada en contra de Medina Ferreras, como se hace con cada uno de los expedientes que recibe el ministerio público.
Cuatro egipcios
Rosario también anunció que presentó una denuncia contra cuatro ciudadanos egipcios, quienes alegadamente se dedicaban a la adulteración y falsificación de documentos de identidad.
Los acusados son Mohammad Shad, Mohhamad Shandu, Atif Khan y Sharooq Massad Syed, quienes presuntamente cobraban entre 7,000 y 7,500 dólares. De acuerdo a la denuncia presentada ante el ministerio público, estas personas utilizaban documentos falsos e incluso tomaron el nombre de una persona que no correspondía, haciéndose pasar por un dominicano.
Dijo que en el caso específico de estos extranjeros, que se encuentran en el país, por su naturaleza “podrían tener otras implicaciones que podrían generar en situaciones propias de seguridad del Estado”. Tras ser preguntado si había implicado algún oficial civil, el presidente de la JCE dijo que eso lo determinará la investigación que haga el ministerio público, pero que ellos solamente se limitaron apoderar la denuncia.
“Nosotros no hemos procedido contra ningún oficial, porque nosotros no hemos llegado a descubrir que un oficial esté involucrado, hay muchas formas de adulterar un documento, puede ser adulterado con involucramiento físico de personal, pero puede ser que ni siquiera intervengan personas, y puede ser adulterado desde fuera”, acotó Rosario.
