El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aclaró que ninguna persona podrá entrar a territorio dominicano bajo el memorándum firmado con Estados Unidos (Acuerdo sobre Nacionales de Terceros Países, TCNA) sin autorización expresa del Gobierno dominicano.
Qué dijo Roberto Álvarez sobre el memorándum
“Quiero ser enfático: nadie entrará a nuestro territorio sin la autorización del Gobierno dominicano”, afirmó Álvarez al defender el alcance del acuerdo. Su declaración apunta a contener las críticas políticas y las dudas públicas sobre el estatus real de los extranjeros que podrían ser trasladados temporalmente a República Dominicana.
El canciller reiteró que el acuerdo no incluye a nacionales haitianos, personas con antecedentes penales ni menores de edad no acompañados. Estas exclusiones ya habían sido establecidas por el Gobierno al anunciar el memorándum de entendimiento suscrito con Estados Unidos en el marco de la iniciativa de cooperación bilateral “Escudo de las Américas”. El comunicado oficial del Mirex describió ese instrumento como no vinculante, orientado al ingreso temporal y excepcional de nacionales de terceros países, bajo condiciones estrictas.
La Cancillería también había indicado que el mecanismo se aplicaría caso por caso y que Estados Unidos ofrecería respaldo financiero y operativo para asegurar condiciones adecuadas durante la estancia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen. En ese contexto, Álvarez buscó reforzar la idea de que la decisión final recaerá siempre en las autoridades dominicanas.
Soberanía, tránsito y debate político
La aclaración del canciller se produce en medio de cuestionamientos de legisladores, exfuncionarios y sectores de opinión que han pedido mayor transparencia sobre el alcance del acuerdo, el estatus migratorio de las personas trasladadas y las garantías de retorno. Diario Libre reportó que el canciller podría ser citado al Congreso para explicar el acuerdo, luego de que la Cancillería confirmara que forma parte de un memorándum no vinculante dentro de “Escudo de las Américas”.
El punto más sensible sigue siendo la definición práctica de “tránsito”. Aunque el Gobierno sostiene que los extranjeros permanecerán solo por días, el debate público apunta a preguntas concretas: dónde estarán alojados, bajo qué supervisión, con qué documentación, por cuánto tiempo exacto y qué pasaría si un país de origen demora o rechaza la recepción.
También ha surgido una discusión sobre el componente del acuerdo, debido a que República Dominicana se incorpora a un esquema regional promovido por Estados Unidos para agilizar procesos de remoción y repatriación de nacionales de terceros países. Medios locales han recogido inquietudes de especialistas y figuras públicas sobre la necesidad de precisar el estatus legal de esas personas mientras estén en territorio dominicano.
La respuesta de Álvarez intenta fijar una línea institucional: el acuerdo es temporal, reversible y subordinado a la autorización dominicana. Aun así, el Gobierno tendrá que sostener esa posición con información verificable sobre cada fase del proceso, especialmente si comienzan los primeros traslados.
