Por: Deofrandy Ventura.- La Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha iniciado una ofensiva contra uno de los males más ruidosos literalmente hablando de la sociedad dominicana: el uso desmedido de bocinas. Esta campaña, parte de la llamada “Operación Garantía de Paz”, ha generado tanto aplausos como polémicas. ¿Es esta una medida necesaria para preservar la convivencia o una acción que roza el autoritarismo?
No
se puede negar que la contaminación sónica ha alcanzado niveles insostenibles.
Colmados convertidos en discotecas, vehículos con altoparlantes estruendosos,
barrios enteros sumidos en un bullicio que destruye la paz y enciende la
violencia. Las cifras son claras: más de 90 mil denuncias por música alta y más
de 200 muertes por riñas vinculadas a actividades recreativas. En este
contexto, Faride no está combatiendo solo un ruido físico, sino una cultura del
caos que se ha normalizado por años.
Sin embargo, el fondo no justifica cualquier forma. Incautar bocinas sin orden judicial como se denunció en un principio atenta contra el Estado de derecho. Por fortuna, la propia ministra rectificó acatando la sentencia del Tribunal Constitucional y abriendo espacios de diálogo con los sectores afectados. Esta corrección habla bien de su liderazgo: firmeza sin soberbia, autoridad con apertura.
Pero la raíz del problema no se resuelve solo con decomisos o sanciones. Estamos ante un fenómeno cultural y económico. Para muchos colmados, las bocinas son herramientas de atracción de clientes. Para otros, son símbolo de estatus. El ruido, más que un capricho, es parte del modo de vida de miles de dominicanos. Por eso, cualquier política seria debe combinar regulación con educación, vigilancia con concienciación.
Faride ha logrado abrir el debate nacional sobre el derecho al descanso y la convivencia. Su lucha contra las bocinas no es contra la alegría del pueblo, sino contra el desorden. No está apagando la música, está bajando el volumen de una violencia disfrazada de entretenimiento.
En
resumen, la ministra camina sobre una cuerda floja: entre proteger el derecho
al descanso y evitar reprimir la expresión popular. Su éxito dependerá de su
capacidad para hacer cumplir la ley sin perder de vista la realidad social del
país. Y, sobre todo, de que cada ciudadano entienda que vivir en comunidad
implica, a veces, apagar un poco el ruido... para escuchar al otro.
