Por Leonel Fernández.- Con motivo de cumplirse el undécimo aniversario de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que estableció un concepto sobre el tema de la nacionalidad dominicana, un grupo de descendientes haitianos realizó, la semana pasada, una protesta frente al Palacio Nacional, pidiendo fin al apartheid y la desnacionalización.
La sentencia referida nada tiene que ver con esos alegatos. No se trata de una decisión judicial orientada hacia la segregación racial, como ocurría en África del Sur, en tiempos de Nelson Mandela, o hacia un despojo arbitrario y masivo de una nacionalidad que jurídicamente no les corresponde.
Lo que la sentencia procuraba, como muchas veces se ha indicado, era estatuir sobre el hecho de que la nacionalidad dominicana no se adquiere única y exclusivamente por haber nacido en el territorio dominicano.
En otras palabras, que en nuestro país no predomina, en el ámbito legal, lo que se conoce como ius solis, para conceder la nacionalidad a una persona, sino que se requiere, como indica la sentencia, haber nacido de padres dominicanos, conforme al ius sanguinis o derecho de sangre.
Desde varios años atrás, debido al desarrollo de la industria azucarera, gran cantidad de nacionales haitianos empezaron a instalarse en territorio dominicano. Muchos se quedaban en el país, de manera irregular, al término de la jornada laboral. Crearon familias con descendientes nacidos en el territorio nacional, a quienes, desde el punto de vista jurídico, no les correspondía la nacionalidad dominicana.
La sentencia del órgano constitucional del 2013 trajo innumerables consecuencias. Nuestro país fue acusado por instituciones internacionales de racista, de violador de los derechos humanos y hasta de fomentar la apatridia.
Hubo, inclusive, una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reclamaba dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional y concederle la nacionalidad dominicana a todos los que, presuntamente, habían sido afectados. Para aclarar cualquier duda sobre el alcance de la disposición de nuestro Tribunal Constitucional, la Constitución proclamada en el 2010, había consignado, de manera definitiva, las condiciones requeridas para disponer de la nacionalidad dominicana.
El caso Juliana
La sentencia 168-13, emanada del órgano jurisdiccional encargado de mantener la supremacía de nuestra Carta Sustantiva, tuvo su origen en una demanda judicial en solicitud de entrega de cédula de identidad personal, interpuesta por Juliana Deguis Pierre, nacida en territorio dominicano, de padres haitianos.
Su solicitud fue rechazada, al mismo tiempo que se negaba la devolución de su acta de nacimiento, que había sido otorgada por un oficial del Estado civil de la República Dominicana.
Al igual que ella, varias personas más fueron perjudicadas. En la sentencia 168-13, no se hacía distinción entre esta particularidad y la falta de acta de nacimiento por parte de otros desfavorecidos por la decisión judicial.
Obviamente, resultaba injusto. Para resolver esa situación, se aprobó la Ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización.
En virtud de esa disposición legal, se estimó que la inscripción en el registro civil de una persona nacida en el territorio nacional y la correspondiente expedición de un acta de nacimiento constituía una falta imputable al Estado dominicano. Esto así, debido a que el oficial del Estado civil no debió haber realizado esa operación.
De esa manera, la Ley 169-14 le concedió la nacionalidad dominicana a Juliana Deguis Pierre, así como a decenas de miles de personas que se encontraban en situación equivalente a la suya.
Al operar de esa manera, el legislador quiso dejar en claro que la nacionalidad dominicana así otorgada, no era porque correspondía de pleno derecho, sino que era el resultado de una disposición legal especial, concedida de esa manera para solucionar la falta en la que había incurrido el Estado dominicano.
Para los demás casos, la ley 169-14 estipulaba las condiciones requeridas para iniciar un proceso de regularización del estatus migratorio de aquellos que alegaban haber sido desprovistos de la nacionalidad dominicana.
Todo parece indicar que los protestantes frente al Palacio Nacional pertenecen a la segunda categoría, pero demandan con vehemencia ser incorporados, por medio de la presión política, a la primera, aunque la ley establezca lo contrario.
Consulados en Haití
Los procesos de regularización migratoria han continuado, con mayor o menor eficiencia, como son la generalidad de los servicios públicos en la República Dominicana. Pero, al mismo tiempo el Estado dominicano está en el deber de continuar ejerciendo su derecho soberano a la deportación de todas aquellas personas que se encuentren en nuestro territorio en condiciones migratorias irregulares.
En estos momentos, la sociedad dominicana se siente legítimamente preocupada ante la creciente oleada de migración masiva haitiana hacia nuestro país. Eso, no solo por los constreñimientos que imponen al gasto público nacional, sino también por los actos de violencia que se realizan contra ciudadanos dominicanos y por los choques con agentes nacionales del orden.
Frente a eso, las autoridades afirman estar llevando a cabo continuas deportaciones de ciudadanos haitianos ilegales en nuestro país. Sin embargo, a pesar de estar supuestamente cerrados, el año pasado, en el 2023, seis consulados dominicanos en Haití otorgaron 27,123 visas, un número mayor de las que concede el consulado de los Estados Unidos en ese país.
El gobierno del PRM lo ha negado, pero es una práctica que continúa hasta nuestros días, como recientemente lo puso de relieve el mayor general retirado y exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, quien indicó que solo en lo que va de este mes de septiembre, se han emitido más de 39 mil visas de turistas a ciudadanos haitianos. Más aún, que en lo que va de este año, 2024, la cifra alcanza más de 400 mil.
¡Escalofriante! Y es que todo parece indicar que el gobierno del presidente Luis Abinader actúa de manera ambigua, denunciando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la violencia prevaleciente en Haití, al tiempo de subrepticiamente permitir la migración indiscriminada y tolerar que una acusación infundada de apartheid, llegue en gritos hasta el Palacio Nacional.
