Las nuevas disposiciones, según acordó la comisión, crearán una jurisdicción especializada que permitirá que los desalojos a los inquilinos que no paguen se ejecuten en un plazo máximo de dos meses.
El diputado Eugenio Cedeño, presidente de la comisión especial que estudia la ley, explicó que la jurisdicción que se creará con la normativa permitirá designar un juzgado de paz y un fiscalizador especial que serán exclusivos para materia de inquilinato.
Cedeño sostuvo que, actualmente, los juzgados de paz en el país "tienen un cúmulo de trabajo" que les impide priorizar las pugnas entre propietarios e inquilinos, llegando a tardar hasta 10 años para ser resueltas en la justicia.
"Este nuevo procedimiento será ágil, rápido, novedoso y garantista para ambas partes (propietario e inquilino)", manifestó el diputado que preside la comisión especial.
Retrasos en la justicia
A juicio del legislador las tardanzas judiciales para resolver las diferencias en materia de inquilinato provocan que se entorpezca el mercado inmobiliario en República Dominicana, dando paso a que los propietarios inviertan menos y los inquilinos reclamen más derechos.
En ese sentido, valoró la disposición del equipo que dirige para crear una jurisdicción especial para el inquilinato y las rentas, ya que, hasta el momento, ninguna normativa ha abordado la problemática.
La falta de seguridad jurídica, según Cedeño, trajo como consecuencia un estancamiento en el desarrollo del mercado inmobiliario y ha provocado el encarecimiento de los alquileres.
El informe está "casi listo"
El presidente de la comisión especial aseguró, tras reunirse por dos horas con sus colegas, que el informe de la nueva ley de alquileres está "casi listo" para presentarse ante el hemiciclo.
Por tanto, dijo que la comisión avanza sus trabajos y reuniones para lograr que el proyecto sea aprobado antes de que finalice la actual legislatura congresual, prevista para concluir el 12 de enero del 2024.
El proyecto de ley para regular los alquileres es autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Fue aprobado en primera lectura el pasado 24 de mayo luego de debatirse en una consulta pública.
