Santo
Domingo.- El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor
Jesús Castro Marte, aseguró hoy que hay grupos de empresarios que viven de los
pacientes, y definió la ganancia que obtienen las administradoras de salud,
como una explotación al pueblo.
Castro
Marte, quien además es rector de la Universidad Católica de Santo Domingo
(UCSD), lamentó que el servicio que reciben los pacientes no sea de calidad, y
opinó que “esa situación no debe seguir así”.
“Hay
grupos de empresarios que están viviendo de los pacientes, porque los
beneficios que reciben las ARS constituyen una explotación al pueblo
dominicano. Yo creo que los beneficios deben ser para todos y que se mejoren
los servicios que se ofrecen en los centros de salud, ya que los mismos no son
de calidad”, aseguró el religioso.
Asimismo,
rechazó las pretensiones de quienes buscan reformar la Ley 87-01, sobre
seguridad social, para aumentar el rango de edad a 65 años para que un
cotizante pueda recibir una pensión.
Castro
Marte habló previo a un congreso sobre seguridad social organizado por la UCSD,
en la sede de esa academia, ubicada en la avenida Bolívar, Distrito Nacional.
“La seguridad social debe estar acompañada de sensibilidad. Yo creo que en ese
aspecto debe haber conciencia social”, agregó el sacerdote católico.
Sobre
el tema también habló el vicerrector de Investigación de dicha academia,
Francisco Cruz Pascual, quien consideró que la modificación de la ley 87-01
beneficiaría a los empresarios del área y afectaría a los sectores más pobres
del país.
“Modificar esa ley para aumentar el rango de edad sería como la tragedia del
Titanic en contra de los afiliados”, dijo Cruz Pascual
Agregó
que las propuestas que se hagan durante el congreso de tres días, serán
entregadas a una comisión bicameral del Congreso Nacional, para que se conozca
el parecer de la población sobre ese tema.
Muchos
pacientes se quejan por los servicios que ofrecen las ARS y las trabas que esas
empresas colocan a los contribuyentes para aprobarles un estudio.
Esta
situación obliga a los pacientes a pagar por la mayoría de los estudios, lo que
implica un mayor monto, al momento de pagar la diferencia que cobran las
aseguradoras a los usuarios. “Esa es una situación que debe ser corregida y no
estar pensando en aumentar el rango de edad para las pensiones de los
trabajadores, ni mucho menos incrementar las cuotas que pagan los
contribuyentes”, opinó Cruz Pascual.
Pidió
a las autoridades analizar bien el tema para no afectar a los trabajadores y la
clase media, quienes son los que más utilizan los servicios que ofrecen las
aseguradoras a la población más pobre del país.
