Santo Domingo.- El presidente dominicano, Danilo Medina,
guarda un silencio absoluto ante el escándalo de los sobornos de Odebrecht,
unos de los casos más graves de corrupción que ha salpicado a varios dirigentes
de su partido, en el poder desde hace 13 años, y que supone un duro golpe para
su Gobierno.
Desde que el pasado 29 de mayo, el ministro dominicano de
Industria y Comercio, Temístocles Montás, fue arrestado junto a otros nueve
políticos y empresarios por su presunta implicación en los sobornos que la
empresa brasileña pagó para lograr la concesión de obras públicas, Medina no se
ha pronunciado al respecto.
En estas últimas semanas, Medina, que inició su segundo
mandato en agosto del año pasado tras lograr la reelección, no solo ha
mantenido el hermetismo sino que también ha reducido sus apariciones en actos
públicos.
No obstante, esta actitud del presidente Medina no ha
motivado críticas de los principales partidos opositores.
Montás, que el mismo día de su arresto puso su cargo a
disposición del presidente, ingresará en las próximas horas en la cárcel de
Najayo junto con otros 6 de los imputados contra los que un juez dominicano
dictó ayer una pena de prisión preventiva.
Hasta el momento, Medina ha mantenido en el cargo a Montás,
quien ha ocupado carteras en todos los Gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) y es miembro del influyente comité político de esta agrupación, aunque
tras su imputación ha pedido su suspensión temporal del principal organismo de
dirección del partido.
Además de Montás, quien tendrá que cumplir 6 meses de
prisión preventiva han sido imputados otros cuatro dirigentes del gobernante
PLD, entre ellos dos senadores, y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz
Rua.
El caso de Odebrecht también ha alcanzado al principal
partido de la oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyo
presidente Andrés Bautista, ha sido condenado a seis meses de prisión
preventiva.
Según el expediente del Ministerio Público, los imputados
lograron acumular millonarias fortunas durante estos años, supuestamente
gracias a los sobornos del empresario Ángel Rondón, representante comercial de
Odebrecht en República Dominicana, señalado como la persona que distribuyó el
dinero.
Al grupo, que ha negado durante las audiencias vinculación
alguna con el caso, se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de
malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de
activos.
La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones
de dólares en sobornos en la República Dominicana entre 2001 y 2014, periodo
que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del opositor Partido
Revolucionario Moderno (PRM), así como los de Leonel Fernández (2004-2012) y
del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD.
Tanto Fernández, presidente del PLD, como Mejía han
reclamado imparcialidad y transparencia en el proceso, y desde sus partidos se
ha puesto a disposición de los imputados asesoría legal.
Mientras que Medina, que desde que estalló el escándalo,
hace cinco meses, apenas se ha referido en contadas ocasiones a este caso, ha
optado por el silencio.
En febrero pasado, en su primer discurso de rendición de
cuentas de su segundo mandato, Medina aseguró que “no habrá espacio para la
impunidad”.
Otra de las últimas ocasiones en las que se refirió a este
caso fue el pasado 8 de marzo, cuando negó haber recibido dinero de Odebrecht
para financiar sus campañas electorales.
Pero varias organizaciones sociales dominicanas han
insistido en que además de los sobornos, la Justicia dominicana debe investigar la
financiación de las campañas electorales de Medina tras las declaraciones en
ese sentido de funcionarios de Odebrecht en instancias judiciales de Brasil.
Asimismo, tanto grupos sociales como partidos opositores han
criticado que no haya ningún imputado por el proyecto de la termoeléctrica de
Punta Catalina, que construye un consorcio encabezado por Odebrecht, pese a que
en el expediente de la
Procuraduría se señala que varios legisladores supuestamente
recibieron sobornos para la aprobación del financiamiento de esta obra en el
Congreso.
Medina designó en enero pasado una comisión para investigar
la licitación de Punta Catalina, aunque aseguró que su Gobierno “no tiene nada
que ocultar” en este proceso para construir esta planta, considerada una de las
principales obras de esa Administración.
A la espera de conocer la posición de Medina en este caso,
grupos sociales como “Marcha Verde” anuncian que seguirán las movilizaciones en
las calles
