Santo Domingo.- La lucha contra la corrupción es una
prioridad para la
Procuraduría General de la República , la cual
inicia el 2017 con grandes casos bajo investigación, a los que Jean Rodríguez
da estricto seguimiento para garantizar resultados efectivos tendentes a romper
la perniciosa costumbre de impunidad, buscando establecer un verdadero régimen
de consecuencia contra este flagelo.
En ese sentido, Rodríguez afirma que avanzan de manera
satisfactoria en las investigaciones del caso de los Súper Tucanos, asegurando
que el Ministerio Público tiene la capacidad para dar seguimiento sin
distracción a cada uno de los casos de corrupción, sin que la investigación de
uno, le reste importancia a las pesquisas de otro.
Dijo que se trabaja dentro del tiempo procesal establecido
en el marco de la declaratoria de complejidad obtenida en agosto pasado, y que
las diferentes diligencias periciales han ido reflejando nuevas pruebas y
responsabilidades.
“Por el momento no podemos revelar las pruebas que hemos
obtenido en torno al caso de los Súper Tucanos, para no violentar el debido
proceso y no entorpecer las acciones del Ministerio Público en este caso, que
reiteramos avanza de forma satisfactoria”, indicó el funcionario mediante un
comunicado de prensa.
Explicó que han dado continuidad al caso y que identificarán
a todos los que pudieron participar de manera directa e indirecta, trabajando
sin descanso para obtener presupuesto probatorio, bajo todas las garantías
procesales.
Manifestó sentirse identificado plenamente con los reclamos
de la población, que buscan poner un freno al uso indebido del dinero de los
contribuyentes, diciendo “hasta aquí” a la impunidad que por décadas, ha
beneficiado a los denominados “ladrones de cuello blanco”, considerando que el
pueblo dominicano merece una respuesta contundente ante sus reclamos.
El caso de los Súper Tucanos fue declarado complejo a
solicitud del Ministerio Público en el mes de agosto, lo que amplía a 8 meses
el tiempo procesal para la investigación, y presentación de formal acusación.
Por el mismo les fueron impuestas en agosto medidas de
coerción al exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, así como al
coronel FAD Carlos Ramón Piccini y a los empresarios Daniel Aquino Méndez y
Daniel Aquino Hernández.