Santo Domingo.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM)
reclamó que todos los funcionarios y personas privadas involucrados en los
contratos ejecutados por Odebrecht en el país sean investigados para establecer
culpabilidades, y aplicar las sanciones que establecen las leyes, sin ningún
tipo de distinción.
En un documento público del partido, se pone a Hipólito
Mejía, en su calidad de Presidente de la República en el período 2000-2004, a la disposición de
las autoridades judiciales competentes cuando éstas así lo requieran.
Asimismo, lo están Ramón Alburquerque, Andrés Bautista,
Jesús Vásquez y Alfredo Pacheco, en sus calidades de presidentes del Senado y
de la Cámara
de Diputados, respectivamente, durante parte del período (2001-2006), “en aras
de aportar las informaciones pertinentes con el fin de establecer la verdad en
este escandaloso caso que avergüenza a todo el país”.
El PRM “ratifica su posición expresada en diferentes
oportunidades, sobre la corrupción que ha caracterizado los proyectos
contratados y ejecutados por la empresa Odebrecht con el Estado Dominicano y
afirma que los hechos e informaciones provenientes de la justicia de Brasil y
de los Estados Unidos de han confirmado sus denuncias públicas sobre el
contrato de las plantas de Punta Catalina y otras obras”.
A su entender, el caso de mayor relevancia económica es el
de las dos plantas de carbón en Punta Catalina, proyecto que “ha generado los
mayores cuestionamientos, debido a la falta de transparencia en su licitación y
al evidente abultamiento de los costos de construcción.”
“Estas denuncias han sido evidenciadas por la confesión de
la propia empresa Odebrecht reconociendo el pago de sobornos por más de 92
millones de dólares a funcionarios del Estado Dominicano, incluyendo el período
de licitación y adjudicación del contrato de Punta Catalina”, resalta la
organización política opositora.
En cuanto a la designación de una comisión, por parte del
presidente de la República ,
Danilo Medina, para que investigue el proceso de licitación de la
termoeléctrica, el PRM manifestó su rechazo por considerar que atenta contra la
institucionalidad.
Según la formación, “constitucionalmente el Estado cuenta
con los mecanismos e instancias legales para investigar y sancionar los actos
de corrupción”, por lo que “desautoriza a cualquier dirigente o militante, su
participación como miembro de esta Comisión, por las razones antes indicadas”.
Por las razones antes expuestas, el PRM reitera su solicitud
de que dicho contrato sea sometido a una auditoría por una firma independiente
y especializada.
En el documento, el partido opositor también manifiesta su
apoyo a la convocatoria de una marcha pacífica para condenar la corrupción y
exigir transparencia gubernamental, organizada por movimientos y entidades de
la sociedad civil el próximo domingo 22 de enero.