Por Juan Bolívar Díaz
Las decisiones judiciales del viernes negando la posibilidad
de que el Secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana ,
Félix Bautista, y el alcalde de San Francisco de Macorís Félix Rodríguez, y
compartes, puedan ser siquiera enjuiciados, ratifica el nivel de secuestro
político que se ha hecho de la justicia, uno de los poderes fundamentales de la
democracia, para garantizar la impunidad en la demencial corrupción que ofende
y sacude el país.
El expediente contra Félix Bautista y seis asociados,
elaborado por la
Procuraduría General de Persecución de la Corrupción Administrativa
y sustentado por el Procurador General de la República Francisco
Domínguez Brito, quedará como paradigmático en la historia nacional, por el
volumen de dinero involucrado y la enorme cantidad de indicios más que
suficientes para que se les abriera juicio por enriquecimiento ilícito,
falsedad de escritura pública y privada, corrupción y lavado de activos. Pero
ni eso es posible con una justicia secuestrada por intereses políticos y
económicos.
Sus propios defensores jurídicos y políticos se encargaron
de proclamar que el sometimiento judicial apuntaba contra el expresidente
Leonel Fernández, quien tras proclamar su Constitución del 2010 pactó con el
excandidato presidencial perredeísta Miguel Vargas Maldonado para quedarse con
el control institucional de la nación: Suprema Corte de Justicia, Tribunal
Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, además de
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal
.
Sólo en las dictaduras, y con proyectos de dominación que se
han anunciado hasta el 2044, se concibe un control total y tan concentrado de
las instituciones básicas de una nación, para lo cual había que acumular una
gran fortuna que garantizara el predominio sin posibilidad de que ningún juez u
organismo colegiado dictaminara sobre su legitimidad.
En el caso específico de Félix Bautista, se ha documentado
el manejo de entre 24 y 40 mil millones de pesos, por un entramado empresarial
que confluye en un dirigente político, funcionario público y ahora senador, que
al llegar al gobierno en 1996 declaró un pobre patrimonio de 547 mil pesos, y
que todavía en el 2010 lo juró en 16 millones de pesos, pero que dos años
después proclamaba que, si se lo otorgaban, sus empresas estaban en condiciones
de asumir la total reconstrucción del Haití devastado por un terremoto, tarea
que demandaba decenas de miles de millones de dólares.
Lo de este escogido “Viernes de Dolores” duele en lo más
profundo del alma y la sensibilidad nacional, aunque fuera un palo anunciado
desde que el presidente de la
Corte , también asociado del expresidente Fernández, encargara
la instrucción del expendiente a un juez proveniente del Comité Central del
partido del que Bautista y Fernández son líderes. La esperanza es que todo este
descaro sirva para romper indiferencias, silencios y complicidades.
