Santo Domingo.-El juez del Tribunal Superior Electoral y exfiscal del
Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, entregó ayer a la presidenta
del Senado, Cristina Lizardo Mézquita, el anteproyecto de Ley de Paternidad
Responsable, que beneficiaría más de 100 mil niñas y niños que nacen anualmente
de madres solteras.
“Con la aprobación de nuestra propuesta, las madres
solteras, que son más del 80%, lograrán a través de un procedimiento judicial
sencillo, rápido y obligatorio el registro del padre de sus hijas o hijos en
sus actas de nacimientos, y por consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones de manutención, asistencia y protección, o en su defecto que
puedan ser demandados judicialmente, lo cual hoy no ocurre”, sostuvo Hernández
Peguero.
Puntualizó que para lograr un fácil y efectivo acceso a la
justicia, la iniciativa atribuye competencia a los 158 Juzgados de Paz
ordinarios para conocer de la demanda en reconocimiento de paternidad, a
diferencia de la legislación actual que otorga competencia a las 37 Salas de
Niños, Niñas y Adolescentes de los Juzgados de Primera Instancia que operan en
los municipios cabeceras del país.
“Conocedor de las dificultades que sufre la mujer dominicana
en reclamo de sus derechos y los de sus hijos, he propuesto que los jueces de
paz al decidir la paternidad, serán competentes además para estatuir en caso de
declaración tardía de nacimiento, la pensión alimentaria, guarda y régimen de
visitas, para así evitar que tengan que accionar ante distintos tribunales”,
dijo José Manuel Hernández Peguero.
El anteproyecto también faculta al Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia
(CONANI) a diseñar e implementar campañas publicitarias que informen a la
población acerca de su contenido, procedimiento y la gratuidad del mismo, así
como el derecho que les asiste de conocer la identidad de su padre, su registro
en el acta de nacimiento, la promoción de la paternidad sensible y responsable
para lograr la corresponsabilidad del padre y la madre en la crianza y
educación de sus hijos e hijas.
La iniciativa, vigente en más de 10 países latinoamericanos,
tiene su fundamento legal en la Constitución de la República , la Convención sobre los
Derechos del Niño y el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, textos que consagran el derecho fundamental de hijos e hijas a
conocer la identidad de sus padres y su registro en las actas de nacimientos.
