
Pedro Amador, quien actuó como vocero, explicó que dejarán
de presentar los casos penales en audiencias en protesta, además, por las
precarias situaciones en que laboran.
“Un juez de paz devenga un salario de 95 mil pesos y un
fiscalizador 50 mil, marcando una diferencia injusta”, aseguró.
Los fiscales, aglutinados en el movimiento Dignidad para el
Ministerio Público, exige el cumplimiento de la ley con relación a la
partida presupuestaria de un 35 por ciento del 4.10% del PIB que le corresponde
al sistema de justicia.
“Serían 9,200 millones de pesos, pero lo que está asignado
en los últimos tres años consecutivos es una partida tres mil millones de
pesos, o sea que no están reconociendo ni la mitad lo que por ley nos
corresponde”, expresó.