Los
jueces Miriam Germán Brito, presidenta, Frank Soto Sánchez y Juan Hirohito
Reyes adoptaron la decisión, luego de escuchar las conclusiones de las partes.
Los
representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa,
Ramona Nova y Bertha Cabrera solicitaron revocar la confirmación del archivo
definitivo, dispuesta por la jueza Esther Agelán Casasnovas, y ordenar la
apertura de una investigación.
Plantearon
que fueron "insuficientes" las investigaciones hechas por la DPCA. Mientras que
la ex fiscal Josefina Juan viuda Pichardo, los generales retirados Juan Tomás
Taveras Rodríguez, Rafael Pércival Peña, así como Melvin Rafael Vásquez Then,
Remberto Pichardo Juan, Hermes Guerrero Báez y Alexander Mundaray Rosario
solicitaron anular el archivo, y ordenar la apertura de una investigación.
De
su lado, los abogados del legislador, Juan Antonio Delgado y Ramón Emilio
Núñez, pidieron rechazar la petición del Ministerio Público, y confirmar el
archivo.
La
jueza Agelán Casasnovas consideró que tras el análisis en base al principio de
legalidad, de rango constitucional, y de acuerdo con la investigación previa
realizada por la DPCA,
"para la juzgadora los hechos alegados como perseguibles, no encajan en el
tipo penal enunciado en la ley, por lo que procede ratificar el archivo.
