La decisión fue adoptada por el juez Reymundo Mejía Zorrilla, quien acogió parcialmente la solicitud de la defensa, al considerar que el peritaje es necesario para garantizar el derecho de defensa de los imputados y la igualdad de condiciones en el proceso judicial.
En la misma decisión, el juez ordenó la extracción completa de datos de un teléfono celular vinculado al caso, a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), como parte de las diligencias complementarias.
El magistrado estableció que la defensa había solicitado dichas diligencias desde la etapa de investigación sin obtener respuesta oportuna del Ministerio Público, lo que habilita, conforme al Código Procesal Penal, acudir ante el juez para que decida sobre su procedencia.
En ese sentido, entendió que la medida es “idónea, razonable y proporcional”, ya que permitirá a los investigados presentar y contrarrestar pruebas técnicas dentro del proceso, fortaleciendo un ejercicio de defensa efectivo y material, no solo formal.
