Santo Domingo.- La directora ejecutiva de Participación
Ciudadana admitió que la lucha contra la corrupción en la República Dominicana
solo son letras muertas, discursos vacíos para engañar a la ciudadanía, donde
las leyes se acatan y no se cumplen, a propósito de la variación de la medida
de coerción de prisión preventiva por garantía económica, presentación
periódica e impedimento de salida a dos de los implicados en el caso Odebrecht.
Rosalía Sosa Pérez indicó que habría que preguntarse si los
supuestos para imponer la prisión preventiva por el Juez de la Instrucción Especial
Francisco Ortega Polanco han sido modificados. Asumimos que la imposición de la
prisión preventiva se basó no solo por el peligro de fuga para no someterse al
procedimiento, sino que además existen pruebas suficientes de causa probable de
ser autores o cómplices y podrían poner en peligro el proceso de investigación
obstaculizando la averiguación de la verdad.
El juez de Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco,
varió este viernes la medida de coerción de prisión preventiva a los implicados
en el caso Odebrecht, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, por garantía económica,
presentación periódica e impedimento de salida. En junio pasado, el juez Ortega
Polanco dio un plazo de ocho meses a la Procuraduría General
de la República
para que completara la investigación sobre el caso.
Lamentó que el garantismo penal solo se aplica a “los
poderosos”, a los que tienen vínculos con los poderes del Estado y a aquellos
que aportan dinero, mucho dinero, en el financiamiento de la política y a sus
candidatos que mañana tendrán el poder para eximirlos de responsabilidad por
sus actos ilícitos. Una muestra es que nuestras cárceles están sobre pobladas
de personas pobres y a ellos ni siquiera se le aplica una medida alternativa
para la solución al conflicto penal.
“Somos partidarios de un derecho penal mínimo pero esto no
significa que se sustente en la impunidad de aquellos que han hecho de los
recursos públicos una fuente ilícita de su patrimonio. Es necesario sancionar a
los comportamientos que suponen un grave daño a la vida en sociedad para que
surta efecto disuasivo, en particular a la corrupción la cual socava la
legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra los derechos de las
personas, contra el orden moral y la justicia”, agregó la directora de la
organización de la sociedad civil.
Sosa Pérez manifestó que el sistema de justicia se pone a
prueba precisamente en casos donde se procesan personas con poder económico y
político, donde el principio de igualdad en la justicia de que “todas las
personas son iguales ante la ley” es una quimera.
El caso Odebrecht es un proceso de corrupción donde la
empresa admitió pago de sobornos a representantes, funcionarios públicos y sus
relacionados, por más de $92 millones de dólares para ser beneficiados en la
contratación y adjudicación de obras del Estado, y hasta la fecha somos el
hazme reír por la impunidad manifiesta, subrayó.
La directora ejecutiva recordó que la República dominicana es
signataria de dos convenciones internacionales contra la corrupción, la de la OEA y de la ONU, de las cuales el Estado
dominicano y todos los poderes públicos están comprometidos a prevenir,
detectar, sancionar y erradicar la corrupción pública y privada.
Exhortó a la ciudadanía a no descansar en la prevención y
lucha contra la corrupción porque en este caso no sólo se ha puesto en juego la
confianza y legitimidad de la justicia, la igualdad de trato de todas las
personas ante la ley, sino que afecta los derechos de las personas y profundiza
el deterioro moral de la sociedad dominicana.